Jaime Hernández, coordinador de proyectos en Nosotrxs
@NosotrxsMX
Muy recientemente, el Congreso de la Unión descubrió la obligatoriedad de la seguridad social para las trabajadoras del hogar. Esta obligatoriedad implica la garantía de seguro social, seguro alimentario, seguro de invalidez y seguro de maternidad, así como las prestaciones vinculadas con la seguridad social para quienes trabajan en los hogares en México. Haber llegado al punto en que se reconoce esta obligación para las trabajadoras del hogar es un hito en la trayectoria de los derechos sociales y laborales en el país. No ha sido facil el proceso para llegar a este punto. Desde muchos espacios de sociedad civil organizada, las trabajadoras del hogar han puesto en la agenda pública la necesidad del reconocimiento de su empleo y de los derechos que deben garantizarse para quienes lo ejercen.
En un inicio, la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo fue uno de los puntos de mayor relevancia en el camino. Posterior a ello, un segundo momento fundamental fue la directiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Instituto Mexicano del Seguro Social diseñe un programa piloto de afiliación para las trabajadoras del hogar. Los resultados del programa piloto fueron magros, sin embargo. En términos generales, se afilió poco menos del dos por ciento de una población de más de dos millones y medio de trabajadores del hogar en el país. Como bien sabemos, el mercado del trabajo del hogar es mayoritariamente femenino: se trata de trabajadoras, mujeres, que con su empleo sostienen a sus familias. Por ello ha sido de suma importancia visibilizar las condiciones de precariedad e injusticia que siguen prevaleciendo en el trabajo del hogar.
La modificación legal que establece la obligación de garantizar la seguridad social a las trabajadoras del hogar también es un hito en la trayectoria por la dignificación de este tipo de empleo. Por fue ademas un proceso largo. Todavía en el primer tercio de este año quedó aprobado en comisiones, pero no en pleno. De manera que ver materializado ese cambio tan importante en el marco legal es algo que debe celebrarse. Pero haríamos mal en suponer que es el punto de llegada de toda la lucha por el trabajo digno que se ha librado con las trabajadoras del hogar hasta el momento.
Es elemental reconocer que la garantía de esa obligatoriedad está en manos de las personas empleadoras, que son individuos aislados, que probablemente no conocen la obligación ni los medios por los cuales pueden contribuir a materializarla. Ahí es donde se encuentra el objetivo siguiente de esta larga lucha. Es necesario que, habiéndose dado este cambio normativo, se mantengan con nuevo brío los esfuerzos desde sociedad civil organizada, desde las organizaciones de trabajadores del hogar, desde las organizaciones aliadas enfocadas a la exigencia de derechos, para promover y difundir esta información, con el objetivo de que todas las personas (trabajadoras y protectores) cobren conciencia de la nueva obligación, de cómo honrar el mandato de la ley y de cómo contribuir a modificar las condiciones de precariedad que priman en el trabajo del hogar en México. Si no seguimos en la labor de generación de conciencia, la ley podrá haber cambiado y la obligación podrá estar vigente, pero estaremos ante un escenario en cual la realidad es diferente de lo que es justo, de los que es correcto, de lo que es legal.
Los gobiernos estatales y municipales, junto con la sociedad civil, están en condiciones de contribuir a que se materialice esa modificación legal que enorgullece y que ha comenzado a saldar la deuda de justicia con las trabajadoras del hogar mexicano. Es esencial seguir diciendo y exigiendo: que se cumple con el #DerechoComoDebeSer, que se cumpla con la ley y que haya por fin trabajo digno para las trabajadoras del hogar.