Más del 65 por ciento de las personas sin derecho habiencia acude al sector privado

Dijo que llama su atención que en México aún 13 por ciento de la población cocina con leña, con los efectos que conlleva para la salud, y que dos por ciento vive sobre pisos de tierra.

Para Ponce de León la información de la ENSANUT debe ser más aprovechada, y recurrirá a universidades para analizar los datos y obtener mejores resultados.

Reconoció además que este instrumento es una empresa extraordinaria, pero divide al país en nueve regiones, en vez de que cada estado aporte sus datos.

Invitada al Seminario Universitario sobre la Cuestión Social del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, donde expuso la ENSANUT, Teresa Shamah Levy, directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública, puntualizó que se obtuvo una muestra nacional de 12 mil 619 hogares, que representa a los 36 millones 738 mil 957 que hay en México.

Entre los resultados de este ejercicio se encontró que el uso de servicios públicos para resolver necesidades de salud se mantuvo en aproximadamente 40 por ciento.

“La derechohabiencia influye mucho en la decisión de dónde buscar la atención, pero no se traduce del todo en acceso”, expuso ante Rolando Cordera Campos y Mario Luis Fuentes Alcalá, ambos del PUED.

Cerca de la mitad de los derechoshabientes acude a sus instituciones cuando lo requieran (de 44 a 55 por ciento), y 29 por ciento de personas sin esta garantía a instituciones públicas.

Shamah Levy informó que de 39 a 49 por ciento de personas con derecho habiencia van a servicios privados; también lo hace 66 por ciento sin derecho de habitabilidad.

“La necesidad de salud influye mucho en la decisión. Mientras que sólo el 25 por ciento de las personas con una necesidad aguda la resuelven en servicios públicos, el 57 por ciento lo hace cuando el problema está relacionado con una enfermedad crónica”, detalló.

Debido a que el levantamiento de la edición 2021 ocurrió en pandemia, también se obtuvo la determinación de la seroprevalencia de estudios contra SARS-CoV-2, a través del análisis de una muestra de sangre venosa, explicó la especialista.

Asimismo, la COVID-19 fue mayor en los más pobres y sin seguridad social. Hubo mayor mortalidad en municipios con mayor pobreza extrema, en estados con más población en el sector informal y en municipios con más población sin seguridad social, por lo que se presentó menor probabilidad de cumplir con medidas de mitigación, relató la experta.

Respecto a esta enfermedad, se obtuvo 70 por ciento de uso de servicios privados, con mayor carga al bolsillo, especialmente en consultorios adjuntos a farmacias, donde se garantizaron incentivos para prescribir medicamentos y hay médicos menos calificados.

Cabe mencionar que la Encuesta es una iniciativa conjunta entre la Secretaría de Salud y el INSP del gobierno federal, la cual es, a partir de 2020, anual y no sexenal.

“Busca de manera continua una periodicidad anual, con el fin de que a lo largo del periodo 2020-2024 se genere información que permita contar con información de indicadores relevantes sobre salud, nutrición y sus determinantes, y sobre el desempeño del sistema de salud para los entornos nacional, urbano y rural, regional y estatal”, afirmó Shamah Levy.

Otros rubros

La Encuesta también analizó la seguridad del agua y la alimentación. Respecto a la primera, se conoció que en las ciudades mexicanas 84.8 de los encuestados cuentan con esto, mientras que 15.2 vive con inseguridad del líquido. En tanto, en la localidad rural 83.4 por ciento la tiene y 16.6 carece de ella.

Con respecto a la seguridad alimentaria, alcanza al 39.2 por ciento de la población, 34.9 tiene inseguridad leve, 15.8 moderada y 10.1 por ciento severa.

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