Preocupación hay en el sector de la salud, específicamente en las empresas promotoras de salud (eps), porque aseguran quy el Gobierno nacional les adeuda cerca de 2.6 billones de pesos por concepto de atenciones prestadas por fuera del plan de beneficios. Así lo dio a conocer la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ACEMI, Paula Acosta, en una entrevista con El Tiempo (ET).
De acuerdo con el sector de la salud, el Gobierno Nacional les adeuda estos dinero por fuera de la Unidad de Pago por Captación (UPC) que es un rublo que se les entrega a las EPS por la atención de los usuarios.
Paula Acosta señala que el Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) señala que el Gobierno Nacional debe montos desde 2021 y también lo del 2022.
“Hasta el pasado 30 de diciembre, estábamos pendientes de las resoluciones que debe expedir el Ministerio de Salud y Protección Social para reconocer las deudas por concepto de las prestaciones y atenciones que se hacen por fuera del plan de beneficios y que no se cubre con cargo a la UPC. Según las cuentas de Acemi, estas deudas aumentan a 2,6 billones de pesos, teniendo en cuenta tanto lo que se debe de 2021 como los montos que se adeudan de 2022″, dijo Paula Acosta a ese medio.
Para Acosta, si bien las cuentas están claras, el problema radica en el que el Gobierno Nacional no tiene el presupuesto para entregar a la Dirección y que ellos pagan a atención y medicamentos directamente sin intermediación de las EPS.
“Los prestadores cuando ordenan algo que no está incluido en el plan de beneficios (cuyo pago se ha denominado máximos presupuestos), ni los servicios precios a los que se les cobran a los usuarios esas atenciones, toda vez que los prestadores ordenan estos directamente ( sin intervención de la EPS) a través de una plataforma llamada Mipres que es administrada directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social”, dijo Acosta a ET.
El no pago de estos montos pone en peligro la situación financiera de la EPS que entraría en casos de insolvencia y posible intervención y liquidación, de acuerdo con la presidenta de ACEMI.
“(…) el riesgo para los trabajadores de que les queden debiendo sus honorarios y, por supuesto, el riesgo para los usuarios y pacientes de no poder acceder a servicios, que estos se demoren, o de tener que pagar de su bolsillo las atenciones.”, dijo Acosta.
La jefa de esa cartera ministerial, Carolina Corcho, en la que le preguntaron si ella iba a acabar con el sistema actual de salud, pero la respuesta contundente de la funcionaria fue que “no era cierto” y que Cualquier cambio que se vaya a realizar será bajo la premisa de “construir sobre lo construido”. Además, afirmó que es yompensable realizar una reforma a la salud sin tener en cuenta lo que ya existe: avances y los acumulados, por ello envió un mensaje de tranquilidad a los colombianos sobre este tema.
“Es imposible hacer una Reforma a la Salud sin tener en cuenta lo que ya existe, los avances y los acumulados. Con esto, los ciudadanos pueden tener completa tranquilidad”dijo Corcho a El Tiempo.
También se le preguntó a Corcho sobre esas aseveraciones de la oposición, en las que se señala que el Estado llegó para quedarse con la plata de la salud. La ministra dijo ante esto que la salud de los colombianos siempre ha estado financiada por el Gobierno nacional y que este modelo actual de financiamiento público está basado en aporte de los trabajadores con sus cotizaciones y los impuestos que pagan todos los colombianos.
“Decir que el gobierno se quiere quedar con estos recursos es un contrasentido todos los tratamientos que las personas reciben porque los paga el Estado con recursos públicos que son de todos los ciudadanos”, dijo para ET.
Carolina corcho también respondió sobre los rumores que señalaban que el gobierno de Gustavo Petro y este ministerio querían Crear un “gran Seguro Social” para manejar todas las cuestiones de este sector; a esto afirmó la funcionaria que no es verdad, pues no se puede Compare el sistema de salud que existía antes de 1993 -que era un sistema muy poco financiado por parte del Estado- con el actual. Además, resaltó los beneficios que se han obtenido con la ley 100 que aumentó el aumento de la financiación del sistema de salud.
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