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La Policía Nacional ha detenido a un empresario de 57 años del municipio de La Seca por tener a ocho jornaleros faenando en su propiedad sin contrato y sin alta en la Seguridad Social. Todos son extranjeros y siete de ellos están en situación irregular en España. El autor, detenido por la Policía Nacional en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha sido acusado de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
La Policía Nacional abrió la investigación en junio de 2022 fruto de la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo, concretamente el día 28 de junio del año en curso, los agentes llevaron a cabo una inspección en una explotación agrícola basada en la localidad vallisoletana de La Seca, donde localizaron e identificaron una cuadrilla de ocho jornaleros faenando en las tierras de un empresario.
Dicho empresario, que se encontró en el lugar de los hechos, admitió ser el encargado y responsable de los ocho trabajadores, los cuales carecían de alta en la Seguridad Social y no contaban con contrato laboral.
Los ocho empleados eran extranjeros y siete de ellos estaban en situación administrativa irregular, careciendo por tanto de permiso de permanencia y autorización para trabajar en España, sin embargo los mismos realizaron jornadas completas por un salario que no superaba los 6 euros la hora, faenando alguno de ellos en la explotacion agricola desde hacia mas de un mes.
Los investigadores tras realizar las gestiones oportunas, pueden determinar que el empresario, no contaba con ningún trabajador dado de alta en la Seguridad Social, por lo que al estar la totalidad de los “trabajadores” localizados sin alta, la plantilla al completo careciá de seguro social, incurriendo así en un delito contra los derechos de los trabajadores, en concreto un delito de ocupación de trabajadores sin dar de alta en la seguridad social o sin autorización de trabajo.
Las diligencias policiales han sido remitidas al Juzgado de Instrucción cinco de Valladolid. La operación ha sido realizada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Valladolid, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.