El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no el que dirima cuál de los tres postulados para representar a los trabajadores será ante el Consejo Directivo efectivamente en el puesto. El director del IESS, Diego Salgado, ha dicho que no tienen la potestad de ser juez electoral y que esperarán a que la Superintendencia de Bancos se pronuncie.
El problema es que el IESS recibió a dos grupos de organizaciones sindicales ya uno de jubilados, cada uno con su delegado, y solo hay una vocalía para ese sector. Los empleados registraron a su representante de forma unánime.
“El IESS no tiene la potestad de ser un juez electoral en este caso; ni siquiera podemos decir quién tiene la razón, si es que alguien no tiene la razón. Tendríamos que esperar a que la Superintendencia de Bancos se pronuncie”, indicó Salgado en una entrevista a NotiMundo.
Sostuvo que ese organismo de control tuvo que ver si han sido designados por los grandes electores, lo que está estipulado en el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social y que se repite textualmente en el Decreto 571, del 3 de octubre de 2022, en el cual el presidente Guillermo Lasso dispuso el recambio de los vocales de los trabajadores y ocupantes que llevan más de diez años en funciones.
Salgado aseguró que, de manera personal, piensa que a quiénes les corresponden certificar quiénes son los grandes electores o quiénes están inscritos y están validados como tales no pueden ser el Ministerio de Educación para la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Ministerio del Trabajo para las centrales sindicales y la Dirección Nacional del Seguro Social Campesino para las organizaciones de este seguro.
“Nosotros hemos recibido la información. El presidente del Consejo Directivo abrió las puertas para recibir los nombres del principal y suplente en el caso de los empleadores, y ha hecho lo propio con los grupos de trabajadores”, agregó el director del IESS.
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Mesías Tatamuez, uno de los dirigentes de las centrales sindicales que se consideran históricos, considerable que la Superintendencia tiene diez días para acreditarlos, “si se va a actuar en ley”, a ellos que agrupan a las centrales sindicales: la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), UNE, Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), Unión General del Trabajadores de Ecuador (UGTE), Cedoc-Clat (Central Ecuatoriana de Organizacines Clasistas) , Confederación Sindical del Ecuador (CSE), Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (FEUNASSC), Central Única de Trabajadores Azucareros del Ecuador (Cutae) y UNTE. La más antigua data de 1938.
Esas agrupaciones aparecieron como su representante a Ramiro García Falconí, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha y catedrático universitario, con su alterno Ramiro Beltrán, porque buscaron un perfil para cobrar la deuda que el Estado mantiene con el IESS y “dar guerra” para que no se aumente la edad para la jubilación, comentó Tatamuez. Sus candidatos firmaron un compromiso para rendir cuentas y, si no lo hacen, serán removidos del cargo.
Este grupo pidió a los jubilados ir juntos, pero la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador presentó por su cuenta al médico Carlos Sánchez Torres.
Mientras que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presentó a su presidente, Richard Gómez, como delegado que cuenta con el respaldo de la Confederación Ecuatoriana de Trabajadores y Organizaciones de la Seguridad Social (Cetoss), la Confederación de Trabajadores del Sector Público del Ecuador (CTSPE), la Unión Nacional Laborista Patria y Solidaridad, la Confederación de Trabajadores Fuerza Sindical y la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep). Contra esta candidatura hay cuestionamientos por la representatividad. La Central Única de Trabajadores Azucareros del Ecuador (Cutae), por ejemplo, rechazó el uso de su logo en un anuncio de la CUT.
Sin embargo, Gómez ha indicado que las críticas “son de los mismos de siempre, los que han secuestrado a la seguridad social y los que la han llevado con su voto, porque ellos elegían por nosotros a los vocales anteriormente, decidieron tomar la batuta para salvar a la seguridad social”.
Resolver el problema de la falta de medicamentos y combatir la corrupción son premisas en todas las candidaturas.
El 25 de octubre terminó el plazo establecido en el Decreto Ejecutivo 571, publicado el 3 de octubre, que establecía el reemplazo de los actuales vocales (Luis Clavijo por los trabajadores y César Rodríguez de los empleadores) que ya están prorrogados en funciones por más de diez años. Por ello, ese día acudieron al edificio Zarzuela del IESS tanto el sector que apoya a Ramiro García Falconí como los que respaldan a Richard Gómez a presentar a sus candidatos. (YO)