Envenenados por el jarabe, 16 años sin justicia

Piden que se agilice el proceso de certificacion

Con insuficiencia renal, pulmonar, cardíaca y una vejiga neurógena, es como Briseida de Trejos, de 56 años de edad, quedó luego de ingerir en el 2006 el jarabe maldito.

La ciudadana, oriunda de Las Tablas, cuenta con dolor cómo a sus 39 años de edad tuvo que ver su salud deteriorarse y sin poder hacer nada. La razón: el jarabe que le recetaron para el resfriado en un hospital en Las Tablas, contenía dietilenglicol.

A Briseida no solo le recetaron el medicamento, sino que ese año también fue hospitalizada y le daban el maldito jarabe cada cuatro horas.

Ella sintió que se quemaba por dentro cada vez que le daban el jarabe y los médicos atribuían que era una alergia.

‘Fue hasta el 4 de octubre de ese año que me tranqué; no podía orinar’, dijo al aseverar cómo pasó de ser una mujer sana a una más de los envenenados.

Ella también sufrió cinco isquemias cerebrales. ‘En uno de esos accidentes cerebrovasculares isquémicos hasta pensaron que estaba muerta’, contó.

Con su voz quebrada por la tristeza narró cómo ella fue traslada a la Caja de Seguro Social, donde habían 62 personas y vio cómo todos perdían la batalla. Ella dice que oraba para no tener ese triste desenlace y más porque tenía tres razones para vivir: sus hijos.

‘Pedimos justicia, es lo que exigimos desde hace años’, expresó.

Han pasado 16 años desde el envenenamiento con dietilenglicol y aún hay cientos de panameños que esperan ser reconocidos como afectados de los 220 mil frascos de jarabe que contenían dietilenglicol distribuidos entre el 2004 y 2006.

Ayer, estos pacientes volvieron a alcanzar su voz; cerraron los cuatro carriles de la vía Transístmica, cerca del Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social Dr. Arnulfo Arias Madrid, en la ciudad de Panamá.

Afirman que están cansados ​​de ser ignorados y de las supuestas mentiras del gobierno.

Actualmente, de los cerca de 3 mil afectados, únicamente unos mil 80 personas tienen pensión vitalicia, según cálculos del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida (Cofadesavi).

Los pacientes están solicitando desde hace año que el proceso de certificación se agilice y también se aumente el monto de la pensión a 1.500.

Para conmemorar esta tragedia, los afectados y sus familiares, pertenecientes a los Cofades, realizaron un foro virtual y el próximo 23 de octubre habrá una misa para recordar lo sucedido.

‘Solo en las dos semanas que pasaron han muerto cuatro personas esperando justicia’, dijo Omaira Tristán, de 60 años, quien es una de las afectadas y solicita justicia al gobierno.