Trabajador de la Imprenta Nacional denunció a la exministra de Mideplan, Pilar Garrido, y el exministro de Hacienda, Elían Villegas, por suspender el pago del ajuste aprobado en el 2020
Los Tribunales de Trabajo decidirán si la exministra de Mideplan, Pilar Garrido, y el exministro de Hacienda Elían Villegas violaron leyes de trabajo al suspender el pago del ajuste salarial de ¢7.500 decretado en diciembre del 2019 que reconoce el aumento en el costo de la vida en todas las categorías del sector público.
El aumento anual entró a regir a partir del 1º de enero del año 2020, con excepción del presidente de la República, los vicepresidentes de la República, los diputados, ministros, viceministros, presidentes ejecutivos, gerentes y los funcionarios públicos cuyas remuneraciones totales mensuales iguales o superiores a cuatro millones de colones.
Sin embargo, Villegas y Garrido suspendieron su pago en abril de ese mismo año, argumentando que era una medida extraordinaria necesaria para atender la emergencia sanitaria por la llegada del COVID-19.
Este argumento también fue utilizado en la suspensión de órganos desconcentrados, como la de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por lo que la resolución de la demanda tendrá impacto en todo el aparato estatal.
La demanda fue interpuesta por un trabajador de la Imprenta Nacional, representado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ente que asegura que “al no contar con un sobresueldo” depende del ajuste para hacer frente al incremento en el costo de la vida.
En la demanda la representación argumenta que al suspender el pago de lo acordado se violenta el numeral 70 del Código de Trabajo al establecer el derecho que tienen las personas trabajadoras a un salario íntegro y debidamente actualizado por costo de vida.
También alega que se transgreden normas de carácter constitucional y convenios internacionales que protegen el salario y el patrimonio como derecho fundamental.
“El salario de mi representado no ha recibido ninguna actualización por costo de vida, lo que vulnera su derecho constitucional a recibir una remuneración justa y con el potencial adquisitivo debido, que se pierde por el transcurso del tiempo, lo que en esencia, violenta el salario como derecho fundamental contemplado en las normas laborales” dice la demanda.
El encargado de la unidad jurídica de ANEP, Rafael Mora, dijo que el sindicato también planteará nuevas demandas contra el actual Gobierno por argumentar que el ajuste salarial debe condicionarse a la regla fiscal, cuando esta norma fue aprobada posterior al acuerdo.
Mora agregó que la derogatoria anunciada por Rodrigo Chaves no tiene validez porque el acuerdo aprobado en el 2020 es vinculante, según estipula la reforma procesal laboral, y por lo tanto tienen que pagarlos.