Ciudad de Panamá/El costo de transición –o lo que el Estado panameño debe aportar para el cierre gradual del Sistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD) – aumentó a 51,339 millones en 75 años, un promedio de 6,854 millones anuales, lo que en el análisis del economista Felipe Argote, representaría aproximadamente un 2.7% del PIB considerando el crecimiento de los 63 mil millones de dólares en los que se cifra el PIB actualmente hasta los 270 mil millones a los que llegaría en 75 años.
Además, citando el informe de la OITArgote rescata que establecer un programa de pensión universal de vejez constaría tan solo entre 1 año 1,2% del PIB.
Aun así, aunque la situación es “delicada”, no se trata de “salir corriendo ni que el país va a quebrar”, afirma Argote, quien desmenuzó el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en tres partes para analizarlo y ponerlo en perspectiva de cara a la busqueda de una solucion.
el alcalde déficit anual se daría en 2050cuando el Estado debería aportar 7,506 millones de dólares al SEBD (al que normamos llamamos sistema solidario) para compensar las jubilaciones de los que quedaron sin base financiera “por cortesía de los que hicieron mal la ley 51”, explica el economista en su Blog.
La falla de origen que perfiló la OIT en su diagnóstico es que la misma Ley 51 rediseñó el SEBD como una “población cerrada”, en donde los cotizantes mayores de 35 años y sus beneficiarios no permanecerán dentro de este subsistema, de manera que los nuevos cotizantes iban obligatoriamente al recién creado subsistema mixto, que tiene un componente solidario correspondiente a 500 del salario y la cuenta individual que capitaliza la diferencia de la cuota pagada por el salario excedente. Desde 2007, nadie más ha entrado al SEBD. Siendo así, desde su origen “este subsistema está destinado al envejecimiento rápido ya su posterior extinción”, reza el informe en su quinto capítulo.
En estas condiciones -sigue diciendo la OIT- es “natural” la necesidad de financiamiento adicional que complemente las cotizaciones de quienes quedan en el sistema hasta su extinción. Las reservas del SEBD –que incluyen un fideicomiso, inversiones y activos– bajaron de 1.467,7 millones a finales de 2019 a 1.170,2 millones a finales de 2020, es decir que cayeron un 20% en tan solo un año.
En este escenario, la OIT sustenta el fin de las reservas en 2024, año en que el Estado debería empezar a cubrir el déficit de las jubilaciones del sistema solidario. El aporte del Estado –el llamado costo de transicion– fue subestimado “en niveles críticos y sorprendentes” en la reforma de 2005: sólo se aseguró el fideicomiso y una transferencia de 140 millones de dólares anuales por parte del gobierno central y solo hasta 2050, justo el año en que el déficit llegaría a su punto más crítico: 7.885 millones de dólares, para luego empezar a descender hasta su extinción aproximadamente en el año 2095.
Mitos que desbanca el informe de la OIT
Más allá del mero problema financiero –que de acuerdo a Argote se resolvería al menos hasta 2035 si se aborda integralmente y se cumple con la transferencia de los fideicomisos al fondo solidario– el informe de la OIT presenta todo el panorama del sistema de pensiones panameño desde el prisma de los principios de la seguridad social contenidos en el Convenio 102 de la OITmismo al que Panamá todavía no se ha adherido, como cuestiona el organismo en su mismo diagnóstico.
Y con base en estos principios, que incluyen la garantía de prestaciones definidas, la participación de empleadores y trabajadores en la administración de los sistemas, la responsabilidad general del Estado para con las prestaciones concedidas y la buena administración de las instituciones y el financiamiento colectivo las prestaciones por medio de cotizaciones o de impuestos, se “elimina de raíz la posibilidad de cuentas individuales como insisten en algunos que han quedado atrás por la historia” subraya el profesor Argote en su análisis.
Otro mito que, de acuerdo al economista, echa por tierra el informe de la OIT es que la causa de la crisis es el envejecimiento de la poblacion o una “inversión de la pirámide” –es decir, menos cotizantes vs jubilados- cuando estos factores son secundarios al cercamiento del sistema solidario vía impedimento de la entrada de nuevos cotizantes, fondos insuficientes y transferencias no concretadas producto del mal diseño de la Ley 51 “Los que han insistido en que se trata de una pirámide ya podría estar pidiendo”, disculpa criticó el economista.
Pero, otro punto que critica Argote es que quienes “tratan de esconder el informe de la OIT” –sin especificar a quién se refiere– no dicen que si bien el sistema solidario solo tiene dos cotizantes por pensionado, el sistema Mixto en cambio tiene 349 cotizantes activos por pensionado.
Por otro lado, Argote también cuestiona las versiones de que el informe de la OIT no haya dicho “nada que no se sepa” o que “haya confirmado lo que ya se sabía”. Tras su análisis, dice que los informes de la Junta Técnica Actuarial y de los actuarios de la Caja de Seguro Social ni siquiera considerando supuestos tan importantes como el crecimiento económico, la inflación y la tasa de retorno. En cambio la OIT sí excepcional en sus cálculos aspectos integrales –también graves- como la informalidad, la desigualdad, la baja cobertura, la tasa de retorno real muy por debajo del 40%, el desempleo, entre otros.
Lo que sí no respondió el informe de la OIT es el por qué no existe el registro de las cuentas individuales por cotizantes, algo que debió escribir “independientemente de que le pareciera incómoda a los integrantes de la Junta Directiva y al director general (de la CSS)”, concluyó el economista.