Advierta el Departamento de la Vivienda.
El Proyecto de la Cámara 1242 de la representante Mariana Nogales Molinelli, propone crear la “Ley para la Estabilización de Rentas en Puerto Rico”.
Foto: Archivo/NotiCel
El Departamento de la Vivienda detectó que un proyecto de Ley que propone un control de las rentas en Puerto Rico tiene visas de inconstitucionalidad, mientras expuso que en los mercados donde se han implantado el efecto ha sido contrario a lo que se persigue.
Se trata del Proyecto de la Cámara 1242 de la representante Mariana Nogales Molinelli, que propone la “Ley para la Estabilización de Rentas en Puerto Rico”.
Propone además la medida establecer una política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre la “protección en contra de aumentos exorbitantes en el costo de alquiler, proteger el derecho a la vivienda accesible y aminorar los efectos de la gentrificación”. La secretaria auxiliar de Vivienda, Maytte Texidor López, que presentó una ponencia firmada por el secretario, William Rodríguez Rodríguez, excluyó que “es nuestra posición que la pieza legislativa atenta contra el derecho a la propiedad y violenta la cláusula que impide la aprobación de leyes que menos caben las obligaciones contractuales”.
Agrega la ponencia de Vivienda que “la exposición de motivos de la medida bajo análisis no justifica, con datos concretos, la implementación de medidas que limitarían el derecho al disfrute de la propiedad privada y menoscabaría contratos vigentes. La exposición de motivos no brinda datos de la conexión, si alguna, de los casos de desahucio y el incremento en rentas”.
Argumentaron, por otro lado que parece haber consenso entre los economistas, en y fuera de Estados Unidos, en torno a los efectos perjudiciales de las medidas de control o determinación de renta. “Entre los efectos señalados, se encuentra la reducción de unidades para la renta debido a que los propietarios optan por retirar sus propiedades del mercado de alquiler por miedo a las consecuencias de un posible incumplimiento y por las restricciones económicas que implican”.
La conclusión de Vivienda fue cuestionada por el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, que preguntó si la agencia ha realizado consultas al Departamento de Justicia para asegurar que el PC 1242 es inconstitucional. La funcionaria de Vivienda adecuada que no han solicitado opinión a Justicia.
El legislador independentista recordó que anteriormente en Puerto Rico existía una Ley de Alquileres Razonables que regulaba los asuntos del arrendamiento y protección a los inquilinos. Dicha ley, se ajusta, fue derogada por la Ley 57 del 25 de julio de 1995.
“Durante la existencia de esa regulación, se mantuvo la constitucionalidad. Había una regulación por parte del Estado, y estaba bajo el Departamento de Asuntos del Consumidor”, sostuvo Márquez.
El Departamento observará además a los legisladores que el proyecto no contempla la necesidad de aprobar un presupuesto adicional para el cumplimiento de las nuevas obligaciones que se impondrían a Vivienda, para la cual se requeriría personal adicional y la inversión de fondos en una estructura tecnológica.
La Legislación impone a Vivienda la responsabilidad de mantener un registro de rentas en Puerto Rico.
En la vista pública de la Comisión de la Vivienda, que preside al representante Angel Fourquet, también se atendió el Proyecto de la Cámara 1331 y la Resolución de la Cámara 643. El proyecto busca establecer un registro digital de arrendamiento privado, mientras que la Resolución Ordena investigar la gentrificación en Puerto Rico.
Al respecto la Asociación de Vecinos del Viejo San Juan sostuvo en la misma audiencia pública, que “a nuestro entender, ninguno de estos tres proyectos hace nada por detener la crisis de desplazamiento que estamos viviendo en el Viejo San Juan. Los tres proyectos de alguna manera hacen ajustes a los márgenes pero no atajan el problema en sí”.
La portavoz del grupo, Margarita Gandía explicó que el desplazamiento se debe a una conjunción de factores que incluyen, entre otros, la extinción de alquileres a corto plazo , que disminuye la disponibilidad de alquileres a largo plazo y aumenta el precio de los alquileres. “Si no sé reglamenta para limitar los alquileres a corto plazo, el desplazamiento seguirá en aumento”, dijo.
Indicó que el gobierno ha incentivado la reubicación de individuos de altos ingresos a través de varios programas y leyes y que estos incentivos requieren que estos individuos establezcan residencia en Puerto Rico.
“Ya que la isla es pequeña y reducido el inventario de viviendas en áreas deseadas, las compras y alquileres se han disparado. Los extranjeros tienen muchos recursos y provienen de lugares donde los bienes raíces son más caros, por lo tanto, están en disposición de ofrecer más dinero, a menudo en efectivo, por propiedades que les interesan. Esto ha afectado el mercado de bienes raíces, al aumentar los precios de las propiedades”, señaló.
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